La plataforma ciudadana Guanyar Alcoi ha denunciado públicamente la situación de bloqueo que continúa afectando el parking subterráneo de La Rosaleda, después de que hayan pasado más de quince días desde que el plenario municipal abordara la cuestión sin que las instalaciones se hayan reabierto al público.

Las obras de remodelación de la plaza y del parking finalizaron en noviembre de 2025, culminando así 25 años de lucha porque La Rosaleda volviera a ser una zona verde. Según recuerda Guanyar Alcoi, el proyecto ha supuesto un coste de 4,4 millones de euros para las alcoyanas y alcoyanos, además del coste derivado de la obra ilegal ejecutada durante gobiernos del PP. Tal como la formación ha denunciado en reiteradas ocasiones, no solo las irregularidades iniciales han generado sobrecostes, sino también los retrasos y la carencia de diligencia de los sucesivos gobiernos municipales.

La licencia de reapertura del parking se concedió el 5 de septiembre de 2025, pero la concesionaria UTE Ortiz-Auplasa ha mantenido el parking cerrado, negando un servicio público necesario para el vecindario. A finales de enero de 2026, el Ayuntamiento concedió un plazo de quince días para reabrir las instalaciones, advirtiendo que, en caso contrario, el contrato quedaría rescindido por incumplimiento. Superado este plazo, el parking continúa sin abrir.

Ante esta situación, Guanyar Alcoi ha registrado dos preguntas: en qué situación administrativa se encuentra actualmente el parking de La Rosaleda y si el gobierno municipal tiene previsto sacar de nuevo la explotación a licitación. Además, la plataforma ha formulado un ruego claro: que el parking paso a ser de gestión municipal.

El portavoz de Guanyar Alcoi, Sergi Rodríguez, afirma que “no es aceptable que, después de todo el que ha costado económicamente y socialmente este proyecto, la ciudadanía continúe sin poder hacer uso de unas instalaciones acabadas”. Además, añade que “la sucesión de engaños, retrasos e incumplimientos demuestra que el modelo de concesión ha fracasado y que hay que apostar por una gestión directa que garantice un servicio de calidad, pensando en la ciudadanía y sus necesidades”.

Desde la plataforma insisten que la ciudad no puede continuar asumiendo las consecuencias de una mala planificación y de años de irregularidades y decisiones erróneas. Por eso, Rodríguez concluye que “es el momento de que el gobierno municipal actúo con firmeza, rescinda el contrato y se avance hacia una gestión pública del parking que pongo por ante los intereses de la ciudadanía de Alcoy y no el beneficio de las grandes empresas“.