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Publicada el día 10/08/2023
El Ayuntamiento de Alcoy licita la reforma de La Rosaleda
Debe cumplir con la sentencia del TSJ y reponer la zona verde eliminada en este proyecto llevado a cabo por el gobierno del PP en Alcoy

El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado hoy la licitación para llevar a cabo el proyecto constructivo para reforma del edificio de aparcamientos subterráneos y reposición de zona verde en su cubierta en la plaça de La Constitució (La Rosaleda) para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por un valor de 4.810.571,09 euros.
Tras quedar desierto el concurso, el Ayuntamiento de Alcoy solicitó el pertinente informe para realizar una revisión de precios y licitar de nuevo esta actuación con la máxima agilidad. Recordamos, que la anterior licitación de la obra se aprobó, contando con un informe técnico que viabilizaba la ejecución del proyecto redactado en 2.438.066,73 euros.
El objetivo es que todos los trámites se realicen en el menor plazo de tiempo posible. Una vez se adjudique la obra, el periodo de ejecución es de 10 meses.
Con esta actuación se pretende dar cumplimiento a la sentencia del TSJ contra el Ayuntamiento de Alcoy que bajo el gobienro del PP llevó a cabo una actuación ilegal, tal como ha determinado la Justicia.
Se generará en esta área un jardín que cumpla con las especificaciones relativas a zonas verdes y con las normativas de accesibilidad pertinentes.
Las obras básicamente consistirán en la demolición del forjado de cubierta para su nueva ejecución conforme las nuevas solicitaciones estructurales (capa de tierra de 80 cm y arbolado), así como el refuerzo de todos los elementos estructurales, desde pilares hasta losa de cimentación e incluirá la zona verde correspondiente.
“Para nosotros es un fundamental solucionar este desaguisado que hizo el PP en su etapa de gobierno municipal con Fernando Pastor como concejal de Urbanismo y que va a costar mucho dinero a los alcoyanos y alcoyanas. Los populares ejecutaron un proyecto sabiendo que era ilegal y luego no hicieron nada por solucionarlo. Hemos intentado resolver esta situación con el menor coste posible, siguiendo las indicaciones del personal técnico, y al final nos va a costar a todos casi 5 millones de euros”, ha destacado la concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó.