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El concejal de Movilidad Sostenible, Jordi Martínez, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que el Ayuntamiento de Alcoy no va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula, por un defecto de forma, la ordenanza municipal de peatonalización de Alcoy.

Martínez ha recordado que esta sentencia no cuestionaba la peatonalización, sino que simplemente señalaba que la documentación expuesta en la consulta pública del proceso participativo había sido insuficiente. La sentencia, que no era firme, admitía un recurso de casación que, en principio, se valoró interponer por parte del consistorio.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha adoptado la decisión de no recurrir a pesar de que, una vez estudiado jurídicamente el asunto, existen muchas posibilidades de una resolución favorable. “No vamos a recurrir la sentencia porque no queremos que este asunto suponga una fractura social. Como dijo el alcalde, Toni Francés, al inicio de la legislatura, este gobierno quiere afrontar este nuevo periodo con humildad y diálogo, escuchar a la gente y tender lazos para un mejor entendimiento”, ha manifestado el edil.

Martínez ha añadido que “hemos escuchado a los vecinos expresarse en términos de ‘guerra’ y ‘batalla’ judicial y el Ayuntamiento de Alcoy y este gobierno no quiere estar enfrentado con nadie. Con la judicialización de este asunto y con una sentencia, favorable o desfavorable, perdemos todos como sociedad y eso no es lo que buscamos con la peatonalización. Creemos que es tiempo para abrir un nuevo proceso de diálogo con el que pensamos que todos y todas vamos a salir beneficiados”.

El concejal ha subrayado que el Gobierno municipal de Alcoy no renuncia a la peatonalización ni al objetivo de adecuar espacios urbanos al viandante, con el objetivo de avanzar hacia una movilidad más sostenible y accesible. “Eso es lo que nos une, todas las partes estamos de acuerdo en que tenemos que trabajar hacia ese modelo de ciudad y vamos a trabajar a conciencia para buscar un punto de acuerdo entre todos”.

Para ello, se aprovechará la elaboración de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, de la que Alcoy está obligada a disponer por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes. En este sentido, se va a elaborar un estudio en profundidad que constate el estado en el que se encuentra el municipio y detalle las soluciones que se puedan consensuar con la sociedad y que permitan hacer realidad esta idea de una ciudad más verde y más cómoda para vivir para toda su ciudadanía”.

Al no recurrir la sentencia, la ordenanza de peatonalización deja de estar vigente, por lo que desde este momento se paralizan las sanciones. Ahora, el Gobierno llevará al Pleno Municipal la decisión y una vez sea aprobada en sesión plenaria, esta se comunicará al juzgado. A partir de ahí empezará a eliminarse la señalización y la circulación volverá progresivamente a su estado original en las calles afectadas. Aunque en la mayoría de casos el proceso será inmediato, en aquellas que tengan una afectación de hostelería o universidad, las calles se abrirán paulatinamente después de hablar con los afectados y establecer unos plazos para que se adapten a la nueva situación.

Respecto a las multas, el edil ha explicado que, según la legislación vigente, aquellas sanciones que no se recurrieron en su momento se consideran firmes, por lo que ahora no se podrá recurrirlas. Por otra parte, desde que el Ayuntamiento de Alcoy dispone de la sentencia provisional del TSJCV, ha dejado de tramitar sanciones, por lo que no será necesario recurrirlas.

Para finalizar, Jordi Martínez ha recalcado que el objetivo del Gobierno municipal es “escuchar a la sociedad y trabajar por lo que nos une a todos, que es conseguir una ciudad mejor para vivir, más cómoda, más verde y más sostenible”.