Noticias

Desde el Ayuntamiento de Alcoi, al igual que el resto de ayuntamientos de la comarca, hemos denunciado la manera de actuar de la Conselleria con el nuevo servicio de transporte comarcal BUSCO, por la total ausencia de información y su falta de colaboración y respeto institucional.

El Gobierno de Mazón no solo ha ignorado las mínimas normas de cooperación institucional, sino que, con su forma de actuar, ha incumplido su propia ley.

La Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunidad Valenciana, en su artículo 72, establece que “los servicios de transporte público interurbanos podrán utilizar las paradas del transporte público colectivo urbano en las condiciones que establezca la Generalitat o la autoridad competente en materia de transporte en el ámbito interurbano, con el informe previo del Ayuntamiento correspondiente y, si procede, del titular de la vía si fuera otra administración, de acuerdo con lo que prevé el artículo 73 de esta ley.”

Además, el artículo 73 de la misma ley establece la necesaria coordinación administrativa: “La administración competente en transportes someterá a informe del órgano competente en materia viaria aquellos instrumentos en virtud de los cuales se establezcan las paradas de los servicios de transporte.”

Como recuerda el alcalde de Alcoi, Toni Francés, “a finales de junio la Conselleria puso en funcionamiento el nuevo servicio BUSCO, incorporando nuevas paradas y eliminando otras en la ciudad de Alcoi. Lo hizo no solo sin informar al Ayuntamiento, sino que, lo más grave, incumpliendo la Ley de Movilidad Valenciana, ya que antes de introducir los cambios deberían haber solicitado los informes correspondientes.”

Hoy ha entrado en funcionamiento una nueva modificación del servicio que vuelve a alterar las paradas en Alcoi. En esta ocasión, la Conselleria sí ha solicitado informe al Ayuntamiento, pero de forma que resulta imposible cumplir con la ley, ya que la petición de informe no llegó hasta el pasado jueves 14 de agosto, un día hábil antes de que entraran en vigor los cambios, y dando al Ayuntamiento solo 15 días para informar. Por lo tanto, la Conselleria ha impuesto los cambios sin contar con el informe previo del Ayuntamiento. Esta actuación evidencia, según el Ayuntamiento, que el Gobierno de Mazón actúa de manera improvisada, sin voluntad de cooperación ni colaboración, imponiendo primero sus decisiones y preguntando después, incumpliendo la ley y afectando tanto a los ayuntamientos como a la ciudadanía.