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El Ayuntamiento de Alcoy recepcionará este jueves oficialmente las obras de la plaza de La Rosaleda, una intervención fundamental que cierra un largo proceso administrativo y judicial. Esta actuación se ha llevado a cabo para dar estricto cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que declaró ilegal la obra ejecutada por el anterior gobierno del Partido Popular al eliminar la zona verde original, y ha tenido un coste de 4.372.809,13 euros, IVA incluido.

Con la recepción de la obra, la ciudad recupera un espacio emblemático que desde hoy miércoles vuelve a contar con la presencia completa de la escultura de San Jorge, obra de José Gonzalvo. El monumento ha sido sometido a un minucioso proceso de restauración para devolverlo a su estado original, eliminando las capas de pintura añadidas y reparando la deterioro sufrido, especialmente en la base, debido al contacto con el agua.

La escultura se ha ubicado en la parte inferior de la plaza, próxima a la Alameda Camilo Sesto. Esta ubicación, que responde a la nueva configuración de la cubierta para cumplir con las cargas estructurales que exige la zona verde, es pública y conocida desde el inicio del proyecto. De hecho, en la nota de prensa oficial y la información facilitada el 31 de enero de 2024, hace casi dos años, ya se detallaba con transparencia el lugar exacto donde se instalaría el conjunto escultórico.

La decisión de situar la obra a pie de calle sigue una tendencia urbanística y artística global que busca acercar el arte a la ciudadanía e integrarlo en el entorno urbano sin barreras. Alcoy cuenta con ejemplos similares, como la escultura de Ovidi Montllor, y sigue la línea de referentes internacionales como El Día y la Noche de Antonio López en Madrid, el Gato de Botero en Barcelona, Carmela de Jaume Plensa también en Madrid, o esculturas icónicas como las de Woody Allen o Mafalda en Oviedo. Esta disposición permite una interacción más cercana y realza el valor del patrimonio dentro del espacio público, confiando plenamente en el civismo y el respeto de la ciudadanía hacia sus símbolos y su patrimonio.

Un coste asumido por todos los alcoyanos
El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado la importancia de recepcionar esta obra y ha indicado que «por fin cerramos un capítulo oscuro de la gestión urbanística del pasado. Hemos cumplido con la justicia y hemos devuelto la legalidad a La Rosaleda. Sin embargo, no podemos olvidar que esta actuación ha costado a todos los alcoyanos y alcoyanas 4,3 millones de euros. Es dinero público que ha tenido que destinarse a corregir una ilegalidad cometida por el gobierno del Partido Popular y que, de otra manera, podría haberse invertido en otras necesidades, proyectos y mejoras para nuestra ciudad».

Francés ha añadido que «el equipo de gobierno ha trabajado con responsabilidad para solucionar este problema heredado, actuando siempre con transparencia e informando de cada paso, desde la ubicación de los elementos hasta los plazos de ejecución».

Apertura del aparcamiento
En cuanto al aparcamiento subterráneo, el Ayuntamiento ha reiterado que la obra está finalizada desde el pasado 5 de agosto y que la concesionaria, la UTE Ortiz-Auplasa, dispone de la licencia de apertura aprobada por el Pleno Municipal desde el 5 de septiembre.

El consistorio considera injustificado que la concesionaria mantenga cerrado un servicio público esencial y plenamente operativo, y exige su reapertura inmediata para dar servicio a vecinos y comerciantes de la zona.

Retraso y sanciones a la empresa
Durante el proceso de ejecución se han concedido tres prórrogas, todas avaladas por los informes técnicos municipales, con causas mayoritariamente imputables a la falta de mantenimiento y necesidad de sustitución de algunas instalaciones. Tal como ya se detalló en diferentes notas de prensa, las causas fueron: la falta de mantenimiento de instalaciones como contra incendios y alumbrado para cumplir la normativa, el temporal de lluvias durante los meses de agosto y septiembre de 2024 —justo cuando se estaba ejecutando el forjado de la cubierta— y retrasos en la ejecución provocados por subcontratistas afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. Posteriormente, se concedió un plazo de tres semanas para subsanar deficiencias tras haber finalizado el periodo de ejecución del proyecto, y un plazo improrrogable de dos semanas para obtener las autorizaciones de las instalaciones que han tenido que reponerse.

Por otra parte, tal como se decidió en su momento, la plantación del jardín se ha pospuesto hasta el 15 de septiembre con el objetivo de garantizar la supervivencia de las especies vegetales, haciendo coincidir su plantación con la remisión de las altas temperaturas. Mañana, 27 de noviembre, se recepcionará una obra que debería haber finalizado el 15 de octubre y, desde esa fecha, la empresa está siendo sancionada diariamente.