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El Ayuntamiento de Alcoy asumirá de forma subsidiaria el coste de la demolición del edificio privado situado en el carrer La Cordeta, 17, que asciende a 107.000 euros más IVA, y ha remitido a la Fiscalía el expediente por un presunto delito de desobediencia grave. Esta medida se adopta tras años de incumplimientos y de constatar la actitud dilatoria de los titulares para eludir su deber de conservación del inmueble. Una vez ejecutados los trabajos contratados por vía de emergencia, el consistorio repercutirá esta elevada cantidad económica a los responsables directos.

El inmueble fue declarado en estado de ruina en octubre de 2017. Un año después, se ordenó su demolición con el apercibimiento de la imposición de multas coercitivas. Ante esta situación, la propiedad, que está dividida en nueve partes y pertenece mayoritariamente a empresas y entidades con sede en Madrid o Valencia, presentó alegaciones que fueron retrasando el procedimiento. Tras ser rechazadas, el Ayuntamiento impuso ya dos multas en 2020. Durante este periodo, apareció un nuevo adquirente de una parte de la propiedad que aseguró tener la intención de restaurar el edificio. Esta maniobra obligó legalmente a paralizar la orden de derribo. Sin embargo, puesto que no llevaron a cabo ningún tipo de intervención, el consistorio procedió a imponer una tercera y una cuarta multa.

Finalmente, ante la pasividad constante y la degradación de la estructura, el 29 de junio de 2023 se declaró la ruina inminente del edificio. Siguiendo estrictamente los plazos legales correspondientes, dado que la ruina inminente sí conlleva la obligación de derribo inmediato, el 29 de septiembre de 2023 el Ayuntamiento ordenó la demolición de la construcción. La propiedad continuó sin actuar, lo que derivó en la imposición de cinco nuevas sanciones dentro de los plazos marcados por la ley.

Frente a estos hechos, el informe elaborado por un técnico de administración general del Ayuntamiento de Alcoy, que ya se ha remitido al Ministerio Fiscal, concluye que el comportamiento de la propiedad se enmarca plenamente en lo que dispone el artículo 556.1 del Código Penal español. El conjunto documental demuestra claramente la desidia de los propietarios y una patente actitud de desobediencia hacia las resoluciones de la administración local.
La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha señalado la importancia de hacer cumplir la normativa para proteger al vecindario: «El Ayuntamiento ha seguido todos los plazos y procedimientos legales para garantizar la seguridad de los vecinos, que es el objetivo principal de nuestra acción de gobierno, por eso vamos a iniciar esta demolición en los próximos días ante la inacción de la propiedad y el aumento de la degradación del inmueble».