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Ante las informaciones publicadas en las últimas horas sobre el expediente disciplinario abierto a una funcionaria por presuntas irregularidades administrativas, desde el Ayuntamiento de Alcoy se quiere trasladar un mensaje de prudencia, responsabilidad y respeto por el procedimiento que se está llevando a cabo.

En primer lugar, se subraya que fue el propio alcalde quien, tan pronto como tuvo conocimiento de los presuntos hechos, impulsó la apertura de un expediente disciplinario para aclarar qué había ocurrido. La voluntad del Ayuntamiento ha sido desde el primer momento actuar con transparencia, rigor y responsabilidad.

En estos momentos, el expediente disciplinario continúa en fase de análisis y la técnica afectada se encuentra de baja médica, por lo que no continúa ejerciendo su trabajo con total normalidad, tal como se ha difundido. Por tanto, todavía se está revisando toda la documentación y analizando el conjunto de las actuaciones para determinar exactamente qué ha pasado y, en su caso, adoptar las medidas que correspondan.

Asimismo, se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos políticos para que, ante cualquier asunto de interés público, prioricen siempre la información contrastada y los canales institucionales por encima de rumores, especulaciones o informaciones parciales. El Ayuntamiento mantiene una voluntad permanente de transparencia y colaboración con todos los representantes municipales, que dispondrán de toda la información que legalmente corresponda siempre que la soliciten por los conductos establecidos. Solo desde el rigor, el respeto a los procedimientos y la confianza en las instituciones se puede contribuir a un debate público constructivo y responsable.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha afirmado que: «Este gobierno, en el momento que detecta cualquier posible irregularidad, actúa en consecuencia, llegando hasta las últimas consecuencias para aclarar los hechos y garantizar la máxima transparencia».

En cualquier caso, el Ayuntamiento continuará trabajando con la máxima seriedad, responsabilidad y transparencia para aclarar los hechos, garantizando el respeto a los procedimientos administrativos y a los derechos de todas las personas implicadas. Además, ya se ha previsto adoptar medidas con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión y evitar que situaciones similares puedan volver a producirse.