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El Ayuntamiento de Alcoy ha presentado la propuesta de ordenanzas fiscales para 2027, que mantiene congelados los principales impuestos municipales y plantea una actualización general del 3,6 % de las tasas y los precios públicos en aquellos conceptos en los que corresponde. La propuesta, que se tramitará para su aprobación plenaria el próximo 6 de noviembre, prevé la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas el 1 de enero de 2027.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado que la congelación de los impuestos se ha mantenido durante toda la legislatura, pese al incremento de los costes, mientras que la actualización de las tasas y los precios públicos se plantea por debajo de la evolución general del coste de la vida. «Los impuestos continúan congelados, como ha ocurrido durante toda la legislatura, y las tasas y los precios públicos se actualizan, igual que el año pasado, de acuerdo con el IPC, pero por debajo de ese IPC. Por tanto, menos de lo que ha subido el coste de la vida en general», ha señalado.

La concejala de Hacienda, Vanessa Moltó, ha explicado que esta política fiscal ha permitido mantener la presión fiscal de Alcoy por debajo de las medias provincial y estatal. Según los datos expuestos durante la rueda de prensa, el indicador de presión fiscal se sitúa en 458,35 euros, frente a los 679 euros de media provincial y los 695 euros de media estatal.

Moltó ha recordado que la congelación de los principales impuestos municipales implica no trasladar a la ciudadanía una inflación acumulada del 12,7 % durante los últimos años. En cuanto a las tasas y los precios públicos, la actualización general propuesta es del 3,6 %, tomando como referencia el IPC del mes de julio. La concejala ha explicado que se ha optado por esta referencia en lugar de la de agosto, cuando el IPC se situaba en el 4,2 %, principalmente por el incremento de los hidrocarburos.

Nuevas medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda

Una de las principales novedades de las ordenanzas fiscales para 2027 es la incorporación de medidas destinadas a favorecer que las viviendas se incorporen al mercado residencial y a promover alternativas asequibles para las familias.

En este sentido, la propuesta prevé bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de entre el 50 % y el 75 % para las viviendas destinadas al alquiler asequible de larga duración, en función de las condiciones económicas del alquiler. Cuanto más reducido sea el precio, mayor podrá ser la bonificación. Durante la rueda de prensa se ha explicado que, de forma orientativa, los alquileres inferiores a unos 600 euros mensuales pueden entrar en los supuestos de asequibilidad y que, incluyendo los gastos repercutidos al inquilino, se ha mencionado una referencia aproximada de 650 euros. La cuantía definitiva dependerá de los criterios establecidos en la ordenanza.

El alcalde ha subrayado que la fiscalidad municipal es una herramienta para incentivar comportamientos que beneficien al conjunto de la sociedad. «Vamos a actuar para penalizar a quienes tienen viviendas vacías y no las ponen en régimen de alquiler asequible o no las ponen a la venta. Pero también vamos a premiar y reconocer a aquellos propietarios que ponen sus viviendas en régimen de alquiler asequible para las familias que lo necesitan», ha afirmado Toni Francés.

La propuesta también refuerza los recargos del IBI para las viviendas desocupadas de forma permanente que cumplan los supuestos establecidos legalmente. Para los grandes tenedores, se prevé un recargo del 50 % de la cuota del IBI cuando la desocupación supere los dos años, que se eleva al 100 % cuando supere los tres años. A estos porcentajes se podrán añadir 50 puntos porcentuales cuando al menos dos de las viviendas desocupadas del propietario estén situadas en Alcoy, de manera que el recargo puede llegar al 150 % en el supuesto de desocupación superior a tres años.

Se considera gran tenedor, según la explicación facilitada durante la rueda de prensa, a quien dispone de cuatro o más viviendas en total. El Ayuntamiento ha indicado que una primera estimación, elaborada a partir del cruce de datos del padrón, sitúa en torno a 400 las viviendas en manos de grandes tenedores identificadas en esta valoración inicial. La cifra no constituye todavía un censo definitivo de viviendas desocupadas.

Antes de aplicar los recargos, se prevé desarrollar un procedimiento garantista para identificar los inmuebles afectados, comunicar la situación a sus titulares y permitir que presenten alegaciones. La normativa contempla supuestos en los que la desocupación puede estar justificada y no dar lugar a la aplicación del recargo.

Bonificaciones para vivienda protegida y colaborativa

Las ordenanzas también incorporan incentivos fiscales para fomentar la construcción de vivienda protegida, con una bonificación del 50 % en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Además, se prevé una bonificación de hasta el 95 % del ICIO para la construcción de viviendas colaborativas, un modelo basado en cooperativas que combina espacios privativos con zonas comunes y que busca facilitar alternativas residenciales sin las dinámicas especulativas del mercado inmobiliario convencional.

La concejala de Hacienda ha destacado que estas medidas responden a la voluntad de utilizar los instrumentos fiscales municipales para contribuir a dar respuesta a una de las principales preocupaciones sociales actuales. «Se trata de aprovechar los instrumentos fiscales municipales para contribuir a dar respuesta a uno de los principales problemas sociales que tenemos en la actualidad», ha señalado Vanessa Moltó.

La propuesta mantiene también las medidas vinculadas a la sostenibilidad y a la transición energética, con bonificaciones relacionadas con las comunidades energéticas locales tanto en el IBI como en el ICIO.

En palabras de la concejala de Hacienda, las ordenanzas fiscales de 2027 mantienen «prudencia, contención fiscal, utilización de los recursos municipales con criterios de responsabilidad y sensibilidad social». Moltó ha añadido que la política fiscal no consiste únicamente en recaudar, sino también en decidir qué objetivos se quieren favorecer desde la Administración municipal.